SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0865/2016-S1
Fecha: 20-Sep-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 10 y 11 de noviembre de 2015, presentó recusación contra Francisco Romero y Lucas Rene Zambrana Espinoza, primero de forma escrita y posteriormente de forma oral, ofreciendo al efecto los elementos probatorios que ameritan lo impetrado; empero, una vez expuestos los fundamentos, después de solicitar que se proceda a recepcionar la prueba testifical, se emitió una providencia vaga e imprecisa, desestimando lo pedido.
Así al no haberse aceptado el ofrecimiento de prueba testifical, el 11 de noviembre de 2015, presentó recurso de reposición alegando la causal prevista en el art. 316.11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el rechazo de su recusación se basó en la ausencia de presentación probatoria de respaldo, lo que presuntamente impediría valorar lo cuestionado; consolidando así la “…grosera actividad judicial, de no permitir la presentación de prueba testifical…” (sic), interpretando directamente las recusaciones, pretendiendo que solo sea válida la documental ofrecida.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- El art. 129 de la CPE establece que, la acción de amparo constitucional podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados,
- el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria
- En este sentido la acción de amparo constitucional por su naturaleza subsidiaria, requiere que previa a su interposición se agoten todos los mecanismos de defensa ordinarios o administrativos, para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales
- a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones
- posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común
- i)
- resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- III.5. Análisis del caso concreto
- REVOCAR