SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1097/2017-S1

Manifiesta que, se atentó contra la seguridad jurídica, el debido proceso y la celeridad; toda vez que, se encuentra indebidamente privado de libertad, siendo que fue beneficiado con la aplicación del indulto total, y la Jueza Segunda de Ejecución Penal no aplicó correctamente el art. 6 inc. h) parágrafo I del Decreto Presidencial 3030, al indicar en la providencia de 29 de agosto de 2017, que los certificados no son actualizados y que en ninguno de los referidos actuados médicos se establece su condición de enfermo terminal.

Así también señaló que, una persona privada de libertad, no puede permanecer indebidamente detenida, a la espera de la definición de sus derechos, máxime si es candidato a un beneficio que la ley le concede, lo cual implica la vulneración al debido proceso, afectando el derecho a la defensa y a ser juzgado en un plazo razonable, por inobservancia del principio de seguridad jurídica y celeridad e incorrecta interpretación del referido art. 6 inc. h) parágrafo I del señalado Decreto; toda vez que, la enfermedad que padece -VIH SIDA, fase terminal- es incurable, y que su vida llegará a su fin; por cuanto, se evidencia la vulneración de su derecho a la libertad física, de locomoción y la garantía del debido proceso, y solicita se conceda la acción  interpuesta ordenando su libertad inmediata, emitiéndose el mandamiento de libertad correspondiente.