SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2017-S2

Dentro el proceso de Determinación en la modalidad operativo específico RC-IVA Dependientes, Verificación del Crédito Fiscal, se emitió la Resolución Determinativa 17-000504-14 de 11 de agosto de 2014, por la que resolvió determinar las obligaciones impositivas del contribuyente Javier Fernando Basta Ghetti, en un total de UFV16 713 95.- (dieciséis mil setecientos trece 95/100 unidades de fomento a la vivienda) correspondientes al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago correspondientes a los períodos fiscales, abril, septiembre y octubre de 2009; determinación que una vez impugnada por el contribuyente mediante recursos de alzada y jerárquico, mereció las Resoluciones ARIT-SCZ/RA 0740/2014 de 22 de diciembre (confirmando la Resolución Determinativa 17-000504-14) y AGIT-RJ 0416/2015 de 17 de marzo (confirmando la Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0740/2014).

En mérito a ello, Javier Fernando Basta Ghetti, presentó demanda contenciosa administrativa ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la que habiendo sido notificada a GRACO Santa Cruz fue contestada debidamente por la misma mediante escrito de 29 de octubre de 2015; no obstante, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 47 de 16 de junio de 2016, declarando probada la demanda y sin haber emitido pronunciamiento alguno respecto a las razones por las que los fundamentos de la contestación no merecieron el pronunciamiento respectivo, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales, ya que tenía la obligación de desarrollar de manera suficiente las razones que motivaron su decisión, considerando todas las pretensiones de las partes intervinientes, tanto la demanda, contestación del demandado y la contestación del tercero interesado.

Asimismo, la referida Sentencia declaró la prescripción en un párrafo de la Ley 291 de 22 de septiembre de 213 -de Modificaciones al Presupuesto General del estado “PGE-2012”- que se encuentra derogado por la Ley 317 de 11 de diciembre 2012 -Gestión 2013-, lo que da lugar a que dicha Resolución carezca de fundamentación, coherencia y vulnere el principio de seguridad jurídica, ya que no podía disponerse y mucho menos interpretarse el instituto de la prescripción en base a una norma derogada; menos efectuar una simple interpretación gramatical de la norma, sino debió realizarse una interpretación en apego a la Constitución Política del Estado y la normativa tributaria aplicable vigente.

No obstante, lo que se busca a través de la presente acción tutelar, no es que se realice una interpretación de la norma o como se la aplica, sino que el Tribunal demandado, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, basada en hechos correctos de interpretación, buscando el espíritu de la norma, sus fines, alcances y efectos, buscando la verdad material y no así una simple interpretación gramatical de la misma.