SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0101/2017-S2

El accionante, denuncia la vulneración del debido proceso, “seguridad jurídica” e igualdad, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra ante el entonces Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento del Beni, por la supuesta comisión del delito de estupro, remitiéndose la misma ante el Tribunal de Sentencia de Turno; sin embargo, de haber sido notificado el Ministerio Público, el mismo no presentó sus pruebas de cargo en el plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal, habiendo presentado estas pruebas a la reiterada insistencia del Tribunal de Sentencia (extremo que no se encuentra bajo previsión legal alguna); posteriormente, fuera del plazo, interpuso un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa de fondo, pero a pesar de sus reclamos, estas pruebas presentadas de manera ilegal se judicializaron, porque el incidente le fue negado y en base a esta ilegalidad fue condenado a la pena de reclusión de tres años y una inhabilitación a ejercer su profesión por el lapso de tres años (medida que no fue solicitada ni por el representante del Ministerio Público, ni por la víctima); por otro lado, denuncia que iniciado el juicio oral, el mismo se realizó con la presencia de tan sólo dos jueces técnicos (siendo este un defecto procesal absoluto al ser solo juzgado por dos jueces técnicos); asimismo, denuncia que las autoridades ahora demandadas no habrían compulsado en su integridad y de forma armónica las pruebas testificales de descargo presentadas por su parte, pero sí las presentadas por el Ministerio Público, por lo que la Sentencia le condenó de manera arbitraria, aspectos que no fueron remediados ni tomados en cuenta por el Tribunal ad quem y el Tribunal Supremo de Justicia.