SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0131/2017-S1

Jorge Isaac Von Borries Méndez, Presidente; Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia; Pastor Segundo Mamani Villca; Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; Rita Susana Nava Durán; Norka Natalia Mercado Guzmán; Maritza Suntura Juaniquina; y, Fidel Marcos Tordoya Rivas todos Magistrados de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito enviado mediante fax, cursante de fs. 523 a 526 vta., solicitaron que se rechace la presente acción de amparo constitucional, manteniendo incólume la Sentencia 252/2015, bajo los siguientes argumentos: a) Esta acción de defensa se origina en la demanda contencioso administrativa, interpuesta por la Empresa “Artes Electrónicas S.R.L.” quién impugnó la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0167/2009, misma que fue resuelta por Sentencia 252/2015, declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de recurso jerárquico; y, b) En el presente caso la referida Sentencia citada ut supra, fue notificada al accionante el 1 de febrero de 2016, y tomando en cuenta la fecha de presentación de esta acción de defensa “20 octubre de 2016”; se tiene que, ésta se encuentra interpuesta fuera del plazo determinado por los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), inobservando de esta manera el principio de inmediatez. 

De la citada norma constitucional se extrae que la acción de amparo constitucional, se configura como un medio de tutela de carácter extraordinario, que se encuentra regido por los principios de:                          a) Subsidiariedad entendido como el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa, sean en la vía judicial o administrativa, a los efectos de que las lesiones denunciadas se reparen en la misma instancia donde se suscitaron los supuestos actos ilegales; y, b) Inmediatez que implica que la acción de amparo constitucional, es la vía jurisdiccional para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, vulnerados de manera ilegal e indebida; por lo que, su activación se encuentra atada en el tiempo; es decir, seis meses desde la vulneración alegada o desde notificada con la última resolución.