SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0414/2017-S2

En esa misma línea, sobre el principio de seguridad jurídica, la             SCP 1175/2013-L de 4 de octubre, manifestó lo siguiente: “Al respecto la SCP 0551/2012 de 20 de julio, establece que: ‘La seguridad jurídica es un principio y por lo tanto no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional, este lineamiento ha sido desarrollado por la                    SC 0511/2011-R de 25 de abril, de la siguiente manera: «(…) en el sentido de que cuando se alegue la vulneración de la seguridad jurídica, no es posible conceder la tutela, dado que en el nuevo orden constitucional no está instituido como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, indicándose en lo pertinente: '(…) al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). (…) se debe tener claramente establecido que 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento».