SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0449/2017-S3
Fecha: 26-May-2017
concedió
El Juez Público de Familia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 20 de marzo de 2017, cursante de fs. 729 a 738, concedió la tutela solicitada, disponiendo que Reymi Luis Ferreira Justiniano, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo Superior de Decisiones de la EMI “Mcal. Antonio José de Sucre” -ahora demandado-, emita un pronunciamiento fundamentado, en cuanto a la petición de anulación de la Resolución del Consejo Superior de Estudios RCSA 129/2015, realizada por el accionante, sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación de ese fallo, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante alegó que la nota Cite: MD-SD-DGAJ-UGM 2670 vulneró su derecho a la impugnación, pues el “…Presidente del Consejo Superior de Decisiones de la EMI le indica que no interviene en asuntos disciplinarios, administrativos, técnicos ni legales de la EMI…” (sic) aspecto que también lesionó sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la petición; ii) Mediante nota de solicitud de 18 de abril de 2016, el accionante pidió la anulación de la referida Resolución, amparando su petición en la SC 0987/2005-R y en el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización y Funciones de la EMI “Mcal. Antonio José de Sucre”, mereciendo en respuesta el oficio cite: MD-SD-DGAJ-UGM 2670 que concluyó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en lo administrativo, reciben órdenes a través del Ministro de Defensa -art. 246.I de la CPE- y que los Institutos Militares se encuentran a cargo de la formación, especialización y perfeccionamiento del personal Militar -art. 105 de la LOFA- y son dependientes disciplinariamente del Comando en Jefe y Comandos de la Fuerza por aplicación de sus reglamentos; y, iii) Los arts. 32 y 50 del Decreto Supremo (DS) 28631, establecen que la EMI “Mcal. Antonio José de Sucre” es una entidad pública descentralizada que cuenta con autonomía financiera, técnica, administrativa, legal y tiene representación legal propia, pero se encuentra bajo tuición del Ministerio de Defensa, entidad que efectúa el control externo posterior de los actos y operaciones ejecutadas en mérito a los arts. 27 inc. b) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) y 10 inc. b) del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992-; no obstante, no interviene en aspectos técnicos, legales o disciplinarios administrativos de la EMI “Mcal. Antonio José de Sucre”; en ese sentido, la referida nota de respuesta no contestó de manera positiva o negativa a la pretensión del accionante, sin brindarle información sobre la instancia a la que debe acudir, limitándose a señalar la citada normativa y que existen pronunciamientos constitucionales, omitiendo indicar cuáles, por lo que dejó en incertidumbre a la parte accionante sobre la vía a la que debe concurrir para que sea atendida su solicitud, vulnerándose su derecho de petición.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”
- Es decir, su eficacia y oponibiliad es
- cuando los destinatarios son autoridades públicas, éstas tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario
- Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa
- . Por lo mismo, las respuestas favorables o desfavorables deben ser coherentes con lo peticionado, debido a que así fueran prontas u oportunas, carentes de toda dilación indebida en los términos señalados anteriormente; empero, materialmente son evasivas, de igual forma no quedaría satisfecho el derecho a la petición
- en cuanto al agotamiento de los medios o recursos legales sean en la vía judicial o administrativa antes de interponer el recurso de amparo constitucional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dichos medios o recursos deben ser los idóneos y efectivos; vale decir, aquellos que se encuentran establecidos por ley para cada situación o caso en particular, no siendo coherente acudir a un medio o recurso legal que se sabe de antemano resultará inviable, pues especialmente tratándose de decisiones judiciales, los procedimientos que rigen las diferentes materias establecen con precisión los recursos que corresponden a determinada resolución judicial, por lo que el titular del derecho no puede extraviarse acudiendo o utilizando medios o recursos que no son aptos para enervar el acto que estima lesivo, sino que más bien debe buscar una protección inmediata por vía del amparo una vez agotados los medios adecuados en la vía ordinaria
- empero la utilización de otros que no sean los adecuados para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida que se reclama no neutraliza la protección de amparo, siempre que se hubiesen utilizado los requeridos por ley, lo que no sucede cuando ocurre lo contrario, pues la falta de utilización de los medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática sino también de otorgar la tutela
- III.3. Análisis del caso concreto
- Estatuto Orgánico aprobado por Resolución 003/2003, de 4 de noviembre
- el Consejo de Disciplina está sujeto a ser revisado en sus decisiones por el Consejo Superior de Decisiones, pues éste tiene la facultad de emitir la última decisión en todo cuanto concierna a la EMI, que es una entidad educativa pública descentralizada con autonomía de gestión conforme prescriben las normas previstas del art. 3 de su Estatuto Orgánico; empero, depende operativamente del Comando de las Fuerzas Armadas de la Nación como disponen las normas previstas por el art. 4 del mismo Estatuto
- III.3.
- Consejo Superior Académico
- ‘Mcal Antonio José de Sucre’
- Fragmento 27
- concluyendo que dicho Ministerio no puede intervenir en aspectos disciplinarios de la EMI “Mcal. Antonio José de Sucre”. Por consiguiente, se evidencia que no se lesionó el derecho de petición del accionante, por cuanto obtuvo una respuesta fundamentada, motivada, pertinente y oportuna por parte de la entidad castrense.
- INAPELABLES
- REVOCAR