SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/201

         De la relación efectuada, se tiene que en el caso sub judice, existe una conminatoria realizada a la Fiscal de Materia hoy demandada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante decreto de 30 de enero de 2017, por el cual se atendió el reclamo del ahora accionante, respecto a la extensión de fotocopias legalizadas del acta de audiencia de inspección ocular; denuncia que también se expuso ante la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, por lo que al respecto, corresponde considerar la jurisprudencia glosada en la                     SC 1611/2010-R de 15 de octubre, la cual sostuvo que: “…la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, entre ellas la SC 0556/2005-R de 20 de mayo y SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, ratificadas en la presente gestión jurisdiccional, han establecido que el Tribunal Constitucional a través de la acción de amparo constitucional no tiene por finalidad hacer cumplir resoluciones judiciales y/o administrativas, en este caso resoluciones fiscales, al señalar que al Tribunal Constitucional: `no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacer las cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución'; entendimiento que guarda sentido con el orden constitucional, puesto que la finalidad de esta acción de defensa es la tutela de derechos fundamentales, no pudiendo este Tribunal invadir jurisdicciones o competencias con la finalidad de ejecutar resoluciones, cuando en rigor de legalidad y seguridad jurídica, las autoridades tienen los medios que la misma norma les otorga, en muchos casos no solo conminatorios sino hasta coercitivos. Por otro lado, no tiene sentido que una autoridad emita una resolución, y la misma no sea cumplida pese a que sobre dicha autoridad recae su cumplimiento, ello implicaría una negación al acceso a la justicia que no sólo es una garantía, sino también un derecho de los sujetos procesales.