SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0526/2017-S3

El 26 de marzo de 2017, en la calle cuatro de la zona Villa Caluyo de El Alto del departamento de La Paz, impactó con su vehículo a una mesa de venta de refrescos  y gelatinas, de propiedad de Paulina Lucía Maydana Mamani, quien nunca fue embestida por el referido motorizado; empero, como consecuencia de ello, por haber consumido bebidas alcohólicas fue conducido por funcionarios policiales hasta la Clínica de Urgencias “Litoral” junto a la prenombrada, a objeto de efectuarle una valoración médica, donde se emitió informe preliminar sosteniendo que la misma presentaba “‘POLICONTUSO, LUXOFRACTURA DE DORSOLUMBAR A DC Y FRACTURA DE CADERA A DC’” (sic), informe en base al cual fue imputado formalmente por el Fiscal de Materia asignado a la Unidad Operativa de Tránsito (UTO) -hoy codemandado- por el delito de “…HOMICIDIO, LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS…” (sic).

El 28 de marzo de 2017, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, mediante Resolución 117/2017 -de medidas cautelares- dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Pedro” de La Paz, pese a que Paulina Lucía Maydana Mamani -víctima-, presentó desistimiento, en razón a que no tenía lesiones de ningún tipo.

Asimismo, según certificado médico forense de 4 de abril de 2017, emitido por María del Carmen Balderrama Caballero, obtenido mediante Requerimiento Fiscal, se estableció que Paulina Lucía Maydana Mamani, estaba viva y no presentaba lesiones ni días de impedimento, lo que implica que está siendo indebidamente procesado y privado de su libertad personal por presuntos delitos que no cometió, al no existir materia justiciable en relación a la imputación formal presentada en su contra.

Con la imputación formal emitida por la “Fiscalía de Tránsito” por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y, con la Resolución de medidas cautelares pronunciada por el Juez demandado a través de la cual se dispuso su detención preventiva se vulneró sus derechos a la libertad física y a la locomoción; basándose simplemente en el informe preliminar emitido por la Clínica de Urgencias “Litoral”, existiendo una mala aplicación de la norma penal sustantiva al hecho ocurrido y una errónea valoración de la prueba.