SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0548/2017-S2

Afirma que su calvario empezó cuando por recusación de la jueza que conoció el proceso de divorcio que siguió contra Elías Banegas Flores, el cual concluyo con sentencia ejecutoriada la causa fue remitida al Juzgado Público de Familia Décimo, en dicha instancia aparece Inés Banegas de Flores, y plantea tercería de dominio excluyente, indicando que se hubiesen falsificado las firmas de su madre Alejandrina Flores Bustos, por parte de su exesposo, hecho que no afecta su derecho ni el de su hijo, por cuanto vive en el mas de veintiocho años del cual legalmente es propietaria de por lo menos el 50%, así como todas las mejoras introducidas, siendo lo más raro que no adjunta documento alguno que acredite su derecho propietario.

A cuyo efecto, el Juez demandado, a través del Auto 145 de 19 de mayo de 2016, de forma ilegal declaró probada la tercería interpuesta con una resolución carente de fundamento legal, y totalmente parcializada; habiendo apelado dicha decisión es confirmada por Auto de Vista 384 de 29 de agosto de 2016, dictada por los Vocales la Sala Civil y Comercial Primera de ese entonces, y no obstante haber concluido la competencia del Juez, porque ya habían transcurrido más de las veinticuatro horas para pedir complementación y enmienda; sin embargo, el 8 de junio del mismo año; es decir, después de haber pasado veinte días, violentando el principio de legalidad, otorgó lo peticionado y ordenó su salida del inmueble. Posteriormente, la tercerista solicitó el desalojo del inmueble, y no obstante ser admitido por Auto de 20 de septiembre de 2016; el Juez determino rechazar, y habiendo apelado Inés Banegas de Flores, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 65 de 8 de marzo de 2017, resuelven revocar el Auto impugnado y ordenan la salida del inmueble, violentando una serie de procedimientos señalados en el Código Civil, Código de las Familias, el Código Niño, Niña y Adolescente, así como los derechos tanto de su persona como del menor.

Señala que, las Resoluciones dictadas a su turno por los demandados, fueron sustentadas bajo el argumento de que Inés Banegas de Flores fuera propietaria del bien inmueble objeto en litigio, inclusive se amparan en lo señalado por el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), observándose que incumplieron con el principio de legalidad conforme el art. 1538 del Código Civil (CC), Publicidad de los Derechos Reales, Regla General; por cuanto en el certificado alodial sobre el inmueble registrado en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matricula 7.01.1.06.0046267 denominado “El Carmen” con una superficie de 10500 m², se advierte que la casilla “A” titularidad sobre dominio, el último registro en el asiento A-3 corresponde a Alejandrina Flores Bustos, y no así a Inés Banegas Flores, esta última que tiene un registro en el asiento B-3, casilla donde se registran derechos expectaticios y es de carácter temporal; por consiguiente, el derecho real reconocido en las resoluciones dictadas es ilegal, no surte efecto legal contra terceros al no estar inscrito en la casilla pertinente; es decir, que no tiene demostrado su derecho propietario, por otro lado también se advierte que los Autos de Vista 384 de 29 de agosto de 2016, y 65 de 8 de marzo de 2017, desconocen que en el proceso de divorcio no se ha llegado a la instancia de remate y el Tribunal de alzada no ha cumplido con las condiciones señaladas en el art. 244.II del Código de las Familias y el Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, porque la tercerista no tiene inscrito en el registro respectivo su derecho propietario.

Finalmente, refiere que con la orden de desalojo se violenta su derecho constitucional a la vivienda de su persona y la del menor, demostrándose que las resoluciones dictadas por los Vocales codemandados, son ilegales, injustas y han omitido cumplir las disposiciones legales en vigencia tal y como lo son el Código Civil, el Código de las Familias y el Proceso Familiar, respecto del reconocimiento del derecho propietario, así como la improcedencia de la tercería de dominio excluyente planteada.