La SCP 0117/2017-S2 de 20 de febrero, en un mismo sentido con la SCP 1006/2012 de 5 de septiembre, que a su vez recoge el entendimiento de la SC 2752/2010-R de 10 de diciembre, señaló que:

Los accionantes consideran que fueron lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de legalidad y a la tutela judicial efectiva; por cuanto, a raíz del proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por Albertina Gonzáles, se emitió la Sentencia 16 de septiembre de 2013 que declaró probada la demanda y dispuso que los ahora impetrantes de tutela restituyan la posesión de la fracción sud que ocupan del bien inmueble ubicado la zona de Santo Domingo, distrito IV, manzano 91, de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a favor de la demandante, por lo que se emitió un mandamiento de lanzamiento, de ejecutarse el mismo consideran que les causaría un daño eminente e irreparable. Consideran que la Sentencia dictada dentro el interdicto aludido no causa estado, el mismo puede ser modificado en un proceso de conocimiento posterior; asimismo, suponen que de confirmarse el proceso civil de cumplimiento de obligación y dictarse sentencia condenatoria por el supuesto delito de estafa seguido en contra de Albertina Gonzáles, con esos argumentos sostienen que existiría una probabilidad de que su derecho a la propiedad sobre el bien inmueble en cuestión se consolide; por lo tanto, sería ineficaz el mandamiento de lanzamiento.