SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2017-S1
Fecha: 27-Jul-2017
1)
Aida Luz Maldonado Bocángel, Decana del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, en representación de la Presidencia, presentó informe cursante de fs. 22 a 24, señalado que: 1) Se indicó que ante las constantes suspensiones de audiencia de cesación a la detención preventiva, la Presidencia tomo conocimiento del hecho; sin embargo, pese a ello no otorgó las suplencias ante las acefalías y/o bajas médicas; 2) Al respecto debe precisarse que si bien Presidencia tiene la obligación de emitir memorándums de suplencia legal ante el conocimiento de eventuales licencias, vacaciones y bajas médicas, las mismas se las efectúa en el día y de acuerdo a la normativa vigente; asimismo, debe referirse que en tribunales de sentencia ante situaciones de falta de quórum debe darse aplicabilidad al art. 318 y 320 del Código de Procedimiento Penal (CPP) tomando en cuenta que cuando el número de excusas y recusaciones sobrevinientes impidan la existencia de quórum el tribunal de sentencia debe completarse de acuerdo a procedimiento es decir convocando a otro juez; 3) En el caso que nos ocupa y de la revisión de los antecedentes que cursan en la Presidencia se establece que no existe baja médica o licencias de algún miembro del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz con relación al 3 y 4 de enero de 2017, habiendo estado en funciones regulares tanto Betthy Sánchez La Fuente y Octavio Apaza Elías no así la Malena Cazana Apaza por encontrarse con baja prenatal; y, 4) El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del citado departamento el 3, 4 y 9 de enero de 2017, se encontraba completo con sus jueces titulares, no requiriéndose por efecto de ello otorgarse suplencias legales, por lo que es importante aclarar que en los tribunales de sentencia al ser los mismos colegiados ante la falta de algún juez debe completarse el quórum de acuerdo a procedimiento conforme se señaló anteriormente.
Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, son actos dilatorios en el trámite de cesación a la detención preventiva cuando el juez: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; esto es según el art. 8 de la Ley 586, más allá de los cinco días; 3) Suspenda la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad; y, 4) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no los remite al juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP.
La accionante, denuncia que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso, además de los principios de celeridad y legalidad, por cuanto: 1) Betthy Sánchez La Fuente, Malena Lenny Canaza Apaza, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, desde el 27 de diciembre de 2016, fecha en que fue fijada la primera audiencia de cesación a la detención preventiva, hasta el momento de la presentación de esta acción tutelar no llevaron a cabo la misma, sino más al contrario la suspendieron por diferentes razones; b) Cuando Medardo Remy Vargas Álvarez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del citado departamento, ejercía la suplencia, el 13 de enero de 2017, mediante decreto de 18 del mismo mes y año, la derivó para que sea tramitada por los titulares del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del Alto del departamento de La Paz, bajo el argumento de ser simplemente un suplente; y, c) Carmen del Rio Quisbert Caba, Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al tener conocimiento de las suspensiones por ausencia de jueces o estar declarados en comisión o por baja médica, no designo a sus suplentes.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- 1.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 12
- III.2.El derecho a la libertad personal en la Constitución Política del Estado
- III.2.1. De la acción de libertad
- III.3.Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
- no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, -hoy art. 128- ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus –hoy acción de libertad- sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos
- empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados;
- Sin embargo, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección,
- es el medio idóneo para la protección inmediata de los derechos afectados por una decisión judicial, como las providencias de mero trámite
- al estimar el indicado actuado contrario a sus pretensiones y haber generado vulneración de derechos y garantías constitucionales, debió activar la vía pertinente en sede ordinaria, la cual tenía a su alcance en ejercicio pleno de su derecho a la defensa, teniendo expedita la vía del recurso de reposición, previsto por el art. 401 del CPP, para formular su reclamo, a objeto de que el Juez de la causa advertido de su error, revoque o modifique la determinación que se impugna, situación que no aconteció, más al contrario decidió acudir directamente a la justicia constitucional de manera errónea, inobservando el principio de subsidiariedad que caracteriza esta acción tutelar
- para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable
- Plateada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la jueza deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días”
- Fragmento 23
- III.6.Sobre los actos dilatorios en el trámite de la cesación a la detención preventiva
- corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley
- b)
- c)
- el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda
- d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley
- III.7.1. Análisis de la actuación de
- III.7.2. Análisis de la actuación de Medardo Remy Vargas Álvarez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.
- III.7.3. Análisis de la actuación Carmen del Rio Quisbert Caba, Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
- CONFIRMAR