SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2017-S2

En este contexto normativo y en lo que al derecho a la propiedad agraria se refiere, los arts. 56 y 393 de la CPE, establecen que debe entenderse como aquel derecho que se adquiere respecto a un bien apto para la producción agraria o pecuaria, el cual tiene una finalidad eminentemente social, toda vez que, su ejercicio está condicionado a lograr se mejoren las condiciones de vida de los habitantes del país, para alcanzar éste objetivo el Estado en el ejercicio de sus competencias, garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra conforme al mandato establecido en el  art. 393 de la Norma Suprema. En suma, entonces, corresponde afirmar que este derecho no es absoluto sino que su limitante se encuentra en la propia norma fundamental, al estar supeditada al cumplimiento de la función social o función económico social, asimismo, su incumplimiento se sujeta a la penalización establecida en el art. 401 de la CPE, como es la reversión, pasando nuevamente las tierras a dominio y propiedad del Estado” (las negrillas son nuestras).

Por lo que se concluye, que ese derecho no es único sino que está conformado como un conjunto de atributos, límites y limitaciones, estando su ejercicio supeditado al cumplimiento de una función social. La propiedad colectiva se caracteriza por la exigencia social de la necesaria destinación a la producción agropecuaria, imponiendo al Estado la obligación de dotar tierras a las comunidades o personas carentes de ella o que poseen en forma insuficiente y establecer los mecanismos legales para su reconocimiento y perfeccionamiento; en contraparte, los propietarios se encuentran obligados a producir la tierra.