SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2017-S3

               En todo caso -como se dijo-, ello dependerá del sano criterio de la autoridad jurisdiccional que en virtud del principio de libertad probatoria determina en cada caso, si el aval del médico forense resulta necesario o no para asumir convicción, o de ser presentados los criterios de un médico particular y uno forense, en base a su prudente arbitrio se incline de forma motivada y fundamentada por dar credibilidad a cualquiera de ellos o finalmente a ambos, pero de ninguna manera puede negar la valoración del certificado médico particular solo porque este no está avalado por el médico forense.

No obstante lo anterior, se aclara que ello no implica una negación de la facultad que tiene la autoridad jurisdiccional, cuando así lo considere necesario, para requerir de oficio un pronunciamiento del médico forense acreditado por el Ministerio Público, para la comprobación de hechos mediante orden judicial, conforme lo prescribe el art. 75 del CPP, concordante con los arts. 83.1 y 85.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)”  (las negrillas son nuestras).

En ese sentido, se advierte que la autoridad demandada incurrió en una actuación indebida, toda vez que no consideró ni valoró la documentación presentada alegando que la misma no se encontraba homologada por el IDIF, cuando lo que correspondía era que la Jueza considere la documentación a objeto de determinar si la misma justificaba o no la ausencia del accionante en audiencia de medidas cautelares, y en caso de tener duda sobre ello o requerir una segunda opinión, solicitar el certificado médico forense correspondiente, garantizando de esa forma el principio de libertad probatoria; y,