SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2017-S3

Respecto a Patricia Miranda, Fiscal de Materia, la misma no hizo declarar a los imputados; cursando en el cuaderno de investigaciones más de diez suspensiones de declaración informativa, en las que incluso en las primeras, las partes se encontraban con sus abogados de confianza no entendiéndose por qué no se les tomó la declaración e incluso luego estaba el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y tampoco se procedió a la declaración informativa favoreciéndose al agresor, amenazando el imputado a la referida autoridad y al investigador con procesos e incluso con memoriales repulsivos.

Asimismo, señaló que se tienen medidas de protección notificadas al imputado el 30 de diciembre de 2016 por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); sin embargo, las mismas son solo letra muerta que no se aplican ni se cumplen, “…Y NADIE HACE ABSOLUTAMENTE NADA NO SE INSTALA LA AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE MEDIDA CAUTELAR QUE ES PRIORITARIA DADO A QUE LA VIDA DE MI NIÑO ESTA EN RIESGO AL LADO DE SU AGREGOR, quien cumple detención domiciliario al lado de mi hijo teniendo el imputado problemas mentales como se han establecido en los informes sicológicos emitidos por el equipo multidisciplinario de los Juzgados e incluso existe una pericia social que establece que NO SE SABE EL ESTADO DE MI HIJO.” (sic); encontrándose secuestrado, ya que día a día el maltratador progenitor lo encierra para que no asista a la audiencia, no tenga acceso a la recreación, desarrollo integral y deporte, no tenga relaciones materno filiales siendo que posee la guarda, no presenta sus certificados médicos de talla, peso, desarrollo motriz; le prohíbe asistir ante la “Jueza de la Niñez”, a la Cámara Gesell y prohibiéndole asistir a sus terapias psicológicas en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Zona Sur.