SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0923/2017-S1
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0923/2017-S1

Fecha: 28-Ago-2017

III.1. Naturaleza Jurídica y Alcances de la Acción Popular

           El TCP a través de la SCP 0821/2014 de 30 de abril, ha señalado: “…la acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que puede existir, de donde se infiere que la acción puede se presentada en tanto persista la lesión o la amenaza de lesión a los derechos e intereses colectivos; lo que implica que la acción popular no está regida por el principio de subsidiariedad, lo que significa que es posible la presentación directa de esta acción, sin que sea exigible agotar previamente los mecanismos intraprocesales que pudieran existir en la vía judicial o administrativa para la restitución de los derechos presuntamente vulnerados”. A través del desarrollo doctrinal y jurisprudencial se ha llegado a establecer que los derechos colectivos y derechos difusos, conforman una misma unidad y por ende son promovibles a través de la acción popular.

           En el mismo sentido y acotando el razonamiento previo respecto a la naturaleza jurídica de esta novísima acción de defensa, la SC 1018/2011-R de 22 de junio, afirmó: “Cabe resaltar que esta acción está prevista en nuestra Ley Fundamental como una acción de defensa, entendiéndola como el derecho que tiene toda persona -individual o colectiva- de solicitar la protección a sus derechos e intereses colectivos -o difusos-; de ahí que también se configure como una garantía prevista por la Ley Superior, con una triple finalidad: 1) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, 3) Restitutoria, por cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior”.

           La línea jurisprudencial referida da cuenta que el procedimiento en esta acción de defensa es expedita, no se rige por el principio de subsidiariedad, y puede ser presentado por cualquier persona mientras dure la afectación a los intereses o derechos colectivos o difusos y tiene por propósito la garantía de derechos colectivos para la satisfacción de necesidades comunes, configurando una garantía tutelar del interés general que protege a la comunidad en su conjunto respecto a sus derechos e intereses colectivos o difusos, procurando la efectividad del derecho involucrado y haciendo cesar su lesión o amenaza y si fuera posible, restituyendo las cosas a su estado anterior.