SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2017-S3

En materia agroambiental, conforme al art. 179 de la CPE, la referida        SCP 1013/2014 y la Disposición Transitoria Única de la Ley contra el avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, el INRA “(…) garantizará el ejercicio del derecho posesorio y de propiedad sobre predios en proceso de saneamiento en curso hasta el registro del Título Ejecutorial en Derechos Reales, adoptando, de oficio o a pedido de parte, las medidas precautorias que se requieran, conforme a lo señalado en la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 3545, excepto en aquellos procesos que sean de conocimiento del Tribunal Agroambiental” (las negrillas son nuestras), siendo evidente que ante la comisión de actos de avasallamiento o vías de hecho cuando el derecho posesorio o de propiedad es reclamado, será la judicatura agroambiental la encargada de garantizar el ejercicio de los mismos y por analogía, a cuyo efecto y conforme a normativa, deberá disponer las medidas pertinentes para asegurar su respeto y cumplimiento, incluso en fase de ejecución de sentencia y con mayor razón y pertinencia, durante la tramitación del proceso. De tal manera, que corresponde a las partes y a las y los terceros interesados, acudir ante la autoridad jurisdiccional agroambiental en procura del resguardo de sus derechos y garantías cuando los actos de avasallamiento o medidas de hecho emerjan de decisiones y actos de la jurisdicción agroambiental, incluso en ejecución de sentencia, en razón de la especialidad y la competencia que le es reconocida normativamente.