SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0995/2017-S2

Sobre el particular la Resolución Administrativa de Gerencia General, Recurso Jerárquico de 23 de marzo de 2017, indicó que lo precisado por el recurrente, no es evidente toda vez que, en el referido Auto Inicial, 01/2017 se estableció que las conductas descritas correspondían a los incs. c y f) del art. 275 del Reglamento Interno de SETAR; no obstante, de la lectura detallada del Auto Definitivo 01/2017, se tiene que en el Considerando I “Relato de los hechos que motivan el inicio del proceso”, no se hizo mención alguna a que Cimar Leandro Mousnier Rollano, hubiese tenido pendiente 147 trámites, sino solo se indicó que “existen posibles conductas que supuestamente habrían infringido normas de ordenamiento administrativo así como normas que regulan la conducta del funcionario público”; asimismo, en el Considerando II, se indicó que “de ser comprobada la supuesta conducta irregular denunciada respecto a la supuesta exigencia de dinero por realizar su trabajo conforme a norma también se estaría frente a una posible conducta irregular que  contravendría el art. 275 incs. c y f) del Reglamento Interno al determinar la posibilidad de destituir al funcionario sin derecho a beneficios sociales”.

Asimismo, se observa que el Juez Sumariante, en la Resolución Administrativa Interna 01/2017, indicó en el Considerando X “Conclusiones” que: “Paralelamente se demuestra también que el procesado CIMAR LEANDRO MOUSNIERROLLANO, tenía pendientes de atención alrededor de 147 trámites que entre trámites dígase pequeños y de gran importancia estaban en su conocimiento incluso algunos desde primeros días de abril, por lo que se demuestra que algunos trámites incluso no eran atendidos más de 60 días por el funcionario contraviniendo lo establecido por nuestra CPE, ‘Artículo 232’ (…) el procesado no mantuvo al día ni en orden su trabajo dejando 147 trámites pendientes de atención con retraso incluso de 2 meses, incumplió de esta manera las disposiciones del Reglamento Interno de SETAR”.

               Lo que nos demuestra, que la denuncia efectuada por el accionante en el sentido que se le sancionó por un hecho no mencionado en el Auto Inicial 01/2017, resulta ser cierto y evidente;ya que se tuvo como probadoun hecho que no fue mencionado, existiendo por tal motivo incongruencia entre los hechos denunciados y los sancionados que deben ser subsanados y corregidos, ya que no es posible sancionar a un funcionario público por hechos que no fueron objeto del proceso administrativo y de los que no pudo asumir defensa, presentando prueba o refutándolos. Razón por lo que corresponde conceder la tutela solicitada en relación a este punto, por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento a la defensa y congruencia de las resoluciones.