SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1015/2017-S1

Señalan ser propietarios de una vivienda ubicada en la urbanización Urubo West del departamento de Santa Cruz, registrada en Derechos Reales (DDRR) bajo la matrícula computarizada 7.01.3.02.0001392; empero, el 24 de abril de 2017,         -cuando se pretendió desapoderarlos de su inmueble-, se enteraron sobre la existencia de la Sentencia de 22 de mayo de 2015, pronunciada por la Jueza ahora demandada, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y acción negatoria seguido por Ida y Judith ambas de apellidos Olender Mejía -quienes según alegan no tenían ningún derecho propietario-, en contra de Douglas Hipólito Mercado Sueldo.

Acusan que en ejecución de la citada sentencia se afectaron sus derechos, sin que el fallo alcance o al menos cite a los copropietarios de la indicada urbanización. Añaden que se ordenó al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del departamento de Santa Cruz, anular todos los planos de la indicada urbanización, afectando así de forma directa su derecho propietario, sin haber sido notificados en el proceso, ni asumir conocimiento del Fallo, generándoles indefensión, más cuando el desapoderamiento se dispuso sin delimitar el área objeto de tal medida. Agregan que existen dos procesos anteriores, uno agrario y otro ordinario que anulaban los títulos de propiedad de las demandantes; por lo que, la sentencia lesionó la verdad material y la cosa juzgada; asimismo, indicaron que el esposo de Ida Olender Mejía, quien como Juez resolvió el proceso ordinario referido. Finalmente alegó que la Jueza ahora demandada, así como las hermanas Olender Mejía y el Juez Oscar Jesús Menacho Angeleri, cometieron una serie de delitos como el uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la ley, falsedad material, uso de instrumento falsificado y otros, al pretender apoderarse de su propiedad teniendo pleno conocimiento de la nulidad dispuesta sobre su derecho propietario.