SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL SCP 0994/2017-S3
Fecha: 29-Sep-2017
a)
Mayerling Castedo Molina, Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; Gualberto Campos Ortuño, Responsable del Programa de Discapacidad del SEDES Beni; Katiuska Vaca Heinrich de Godoy, Directora Ejecutiva de CODEPEDIS ambos del mismo departamento; Sandra Vargas Spinatto, Analista Coordinadora del SIPRUNPCD; mediante sus abogados manifestaron: a) La accionante relata hechos que ya fueron resueltos en una acción de amparo constitucional en noviembre de 2016; b) En la acción tutelar no se demostró que sus personas hubieran anulado el carnet de discapacidad de la accionante, dado que la anulación fue realizada a través de un Instructivo, documento que no nace de la Secretaría de Desarrollo Humano, sino del Ministerio de Salud que es la autoridad competente para realizar ese tipo de actos de anulación, de acuerdo a la “Resolución Ministerial 1137”, por lo que no existe legitimación pasiva debiendo denegar la acción; c) La accionante tuvo conocimiento desde noviembre sobre la anulación de su carnet de discapacidad, habiendo ya transcurrido más de nueve meses hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional; por otro lado, no consta que la accionante hubiera realizado ningún reclamo administrativo ante el Ministerio de Salud respecto a dicha anulación; d) En julio fue notificada la accionante, y en noviembre el carnet ya se encontraba anulado, habiéndole solicitado que se realice una nueva evaluación puesto que la anulación ya estaba dada al certificado de registro; y, e) La accionante está utilizando un carnet de discapacidad ya anulado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el principio de inmediatez, que constituye un presupuesto de inactivación de la acción de amparo constitucional
- ...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'
- esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea,
- conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo
- Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante”
- III.2. Análisis del caso concreto
- hasta los seis meses de conocido el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para dejarlo sin efecto, y para el caso de que se diera el plazo deberá contarse a partir del momento en que se agotó la última instancia
- CONFIRMAR