SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0660/2018-S1

El accionante señala como lesionado sus derechos invocados en la presente acción de libertad, toda vez que los Vocales ahora demandados, en grado de apelación a través del Auto de Vista 205/2018 de 4 de julio, confirmaron la Resolución 263/2018 -que rechazó su pedido de cesación de la detención preventiva-, manteniendo subsistente la vigencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP, constituyendo una determinación carente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto no explicar la razón de su concurrencia ni los motivos que justificaban mantener dicha medida restrictiva de libertad, limitándose a señalar que no se presentó prueba que enerve dicho riesgo procesal, conteniendo una motivación defectuosa como confusa e incurriendo en las mismas falencias que la Jueza de primera instancia sin valorar en su integridad los datos del proceso.

Ahora bien, a fin de contextualizar la problemática planteada, es necesario precisar que emergente de la Resolución de ampliación de imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal de 19 de julio de 2017, emitida por Erlan Boris Almanza Casanovas, Fiscal de materia adscrito a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción contra Gustavo Ivan Portocarrero Thellaeche -hoy accionante- (Conclusión II.1), la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la  Violencia hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz celebró audiencia el 20 de julio de 2017, oportunidad en la que emitió el Auto Interlocutorio 175/2017 ordenando la detención preventiva del nombrado, al determinar la concurrencia del art. 233.1 y 2 del CPP, así como los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234 numerales 1, 2 y 8; y, 235.1 y 2 del citado Código (Conclusión II.2); circunstancia ante la cual por memorial de 22 de mayo de 2018, solicitó la cesación de su detención preventiva, habiéndose llevado a cabo la audiencia el 22 de junio del presente año, acto en el que mediante Resolución 263/2018, se rechazó el pedido del nombrado, manteniendo subsistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP, determinación que fue apelada en audiencia por la defensa técnica del imputado -ahora accionante- (Conclusión II.3), siendo resuelta la misma por Auto de Vista 205/2018 de 4 de julio, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados- declararon la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por el hoy accionante, confirmando la Resolución 263/2018, y en aplicación del art. 221 del CPP conminaron a la Jueza a quo a que una vez que la defensa solicite la aplicación de dicho precepto legal, convoque audiencia para considerar y otorgar un plazo prudente al Ministerio Público a fin de que cumpla los actos investigativos en lo relativo al art. 235.1 y 2 del citado Código (Conclusión II.4).

Bajo estos antecedentes fácticos y en base a la lesividad denunciada que converge en la presunta carencia de fundamentación y motivación en la que hubiesen incurrido las autoridades demandada a tiempo de dictar el Auto de Vista -hoy impugnado-, corresponde conocer los fundamentos esgrimidos en dicho actuado jurisdiccional, siendo estos los siguientes: