SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0663/2018-S2

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se analizará los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para la protección de niñas y adolescentes víctimas de violencia: i.a) El enfoque interseccional; y, ii.b) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; ii) Respecto al principio de celeridad y el debido proceso en acción de amparo constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

El art. 6 de la Ley 348, define la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona constituirá un acto de violencia; lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y el judicial.