SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2018-S2

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Restituir su derecho de acceso al citado servicio básico; b) Ordenar la reposición de la excavación de acceso al alcantarillado; y, c) Que la demandada, se comprometa a no entorpecer el ejercicio de su mencionado derecho y de ningún otro.  

Manuel Terceros Trujillo, en su calidad de Presidente de la OTB “Juan Vargas”, en audiencia, señaló lo siguiente: a) Expidieron los certificados solicitados por la impetrante de tutela y la demandada, dado que ambas son vecinas de la zona;     b) Es evidente que existe la excavación, que llega hasta la cámara situada en la recta de la propiedad de la escuela, estando aún abierta parte de la zanja;           c) La demandada, manifestó que tapó la zanja hasta donde le correspondía; d) El trabajo debe realizarse de acuerdo con las normas reglamentarias de la citada OTB “Juan Vargas” y no sabe el motivo del porqué fueron por la acera; y, e) La red de alcantarillado, está instalada hasta la referida escuela, de ahí en adelante se encuentra en trámite y cualquier vecino, no puede realizar la instalación, en razón a que no existe la red principal, en todo caso se estaría actuando de forma individual sin intervención de la entidad municipal.    

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el         art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: a) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, b) La tutela provisional y transitoria      -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.