SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2018-S3

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 06/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 166 vta., denegó la tutela solicitada; a tal fin, expresó los siguientes fundamentos: a) Según la jurisprudencia constitucional, el tribunal de apelación está obligado a motivar y fundamentar sus resoluciones, precisando los elementos de convicción que le permitan concluir la necesidad de aplicar o revocar alguna medida sustitutiva y disponer la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos que se exigen dentro de una medida cautelar, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme al art. 236 del CPP, puesto que sólo así se podrá disponer la detención preventiva; b) Dicha labor no solo es exigible al momento de imponer la misma, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación a dicha medida, se dispone su sustitución o modificación o finalmente cuando se la revoca, aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial; c) En virtud al art. 398 del Adjetivo Penal, los fallos emitidos en apelación, deben circunscribirse a los aspectos cuestionados, es decir, las disposiciones legales pertinentes aplicadas a toda decisión adoptada en cada caso; d) La Resolución de 25 de julio de 2018, cumplió con los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional; respecto al Auto de Vista 126/2018, existe fundamentación de los Vocales demandados, señalando que llegaron a la conclusión de mantener el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, por lo que estando cumplida la obligación de motivar las resoluciones que pronunciaron, no se vulneraron los derechos denunciados por el solicitante de tutela; e) Dentro la etapa investigativa de un proceso, los imputados tienen toda la facultad para enervar los elementos o indicios que existen en su contra a través de su defensa técnica, y demostrar la no existencia de los indicios por los que fueron privados de su libertad, puesto que la resolución que le imponga una medida cautelar no causa estado, siendo posible su modificación y por tanto se extinga el sustento de su imposición o bien se viabiliza; en ese sentido, los imputados tienen esa facultad para desvirtuar el elemento que están reclamando ante el Juez que tiene el control jurisdiccional del presente caso; y, f) Las autoridades demandadas, al dictar los fallos cuestionados, lo hicieron en apego a la ley, sin vulnerar derechos ni garantías constitucionales de los impetrantes de tutela.