SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2018-S2

Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 13 y vta., señaló: 1) El 29 de septiembre de 2017, a horas 9:30 se desarrolló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la que se interpuso apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP, oportunidad en la que se ordenó la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; 2) La remisión y provisión de los materiales, así como la elaboración del acta, no resulta parte de sus funciones, por cuanto éstas corresponden al Secretario del Juzgado; 3) Se debe tomar en cuenta que si bien es obligación del Juzgado la remisión respectiva de antecedentes al Tribunal de apelación, pero éste no cuenta con una fotocopiadora a disposición; además, la parte apelante debió proveer los recaudos respectivos; asimismo, se ordenó por decreto del mismo día, sacar las copias en Secretaría de Presidencia del citado Tribunal; 4) El 13 de octubre de 2017, se efectuó la remisión de antecedentes, previo sorteo informático, conforme la carátula impresa del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), que permite establecer que la apelación fue sorteada a la Sala Penal Segunda; consiguientemente, ya se envió lo reclamado por el abogado de la defensa, y;         5) En el caso de autos, si bien se trata de una apelación a la cesación de la detención preventiva; sin embargo, en audiencia ello no fue solicitado de manera concreta, sino que se tengan por acreditado únicamente los arraigos de familia y domicilio; empero, “…persistía aun en caso de dar curso a esos arraigos, estaban pendientes el trabajo, los riesgos de obstaculización del art. 235 núm. 1 y 2 del CPP, lo cual sin duda de pronto podría hacer que la acción de libertad no sea procedente” (sic); más aún si el suscrito ejerció el control respectivo y es responsabilidad del personal subalterno las labores accesorias.

           Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo^[1] establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

           Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

           De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la   SCP 0281/201[2] de 4 de junio², señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre^[3] y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

           En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.