AUTO CONSTITUCIONAL 0216/2018-RCA

Por otra parte el AC 0386/2017-RCA de 20 de octubre, sobre el particular determinó que: “.. una vez admitida una acción tutelar, no es posible que el juez o tribunal de garantías disponga apartarse de la misma, peor aún sobre aspectos no determinados por el Código Procesal Constitucional, pues actuar de esa manera importaría un error en la aplicación del procedimiento constitucional y generaría la posibilidad de que en cualquier parte del proceso -el cual debería ser expedito- se disponga por no presentada una demanda aun después de haber sido admitida y ello incurriría en perjuicio de la parte accionante, quien está acudiendo a la jurisdicción constitucional denunciando la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo se encuentra la referida demanda constitucional debe actuar, no solo con celeridad, sino siendo consecuente y pertinente en sus actos, para de esa manera cumplir el deber previsto en el ya citado art. 13 de la CPE; es decir, actuar en respeto y protección de los derechos cuya lesión se está demandando, pues, de lo contrario la presunta afectación se estaría agravando, por la dilación causada por dicho error procedimental, además, que la autoridad judicial no puede retrotraer sus propios actos” (las negrillas nos corresponden); situación que no fue tomada en cuenta por la Jueza de garantías; quien pronunció la Resolución de 1 de febrero de 2018 (fs. 240 a 241) admitiendo la acción de amparo constitucional, en señal de haber superado la fase de admisión; es decir, que a su criterio, se encontrarías cumplidos los requisitos determinados en el art. 33 de CPCo, además no observó ninguna causal de improcedencia; conforme a ello, no es posible retrotraer el procedimiento, dejando sin efecto la admisión; resultando la  decisión de la citada Jueza de garantías carente de sustento legal, ya que la falta de notificación a los demandados no puede ser considerada como causal para declarar por no presentada la acción de amparo constitucional, máxime si la comunicación procesal corresponde al Órgano Judicial.