AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2018-O

           Con base en los señalados preceptos constitucionales, el Código Procesal Constitucional a su turno, reconoce que esta jurisdicción puede conocer y resolver, en suma cuatro tipos de consultas, a saber: a) Sobre la constitucionalidad de Proyectos de Ley (art. 111); b) Sobre la constitucionalidad de preguntas de referendo (art. 121); c) Sobre la constitucionalidad de Proyectos de Estatutos o Cartas Orgánicas (art. 116); y, d) De autoridades indígenas originario campesinas, sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto (art. 128). En cuanto a la primera, la DCP 0003/2013 de 25 de abril, dispuso lo siguiente: “(…) la norma prevista por el art. 202.7 de la CPE, establece como atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, absolver las consultas del Presidente o Presidenta del Estado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley. Asimismo, el precepto constitucional determina que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional es de cumplimiento obligatorio.

En concordancia con aquello, el art. 112 del CPCo, precisa quiénes ostentan legitimación para formular consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, señalando: ‘1. La Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cuando se trate de proyectos cuya iniciativa tienen su origen en el Órgano Ejecutivo; 2. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratándose de Proyectos de Ley, cuando fuere aprobada por Resolución del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional o una de sus Cámaras, por dos tercios de los miembros presentes; 3. Para Proyectos de Ley de Materia Judicial, la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, previa aprobación por la Sala Plena respectiva‛.

Al respecto, conviene aclarar y precisar que la atribución conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional para efectuar control previo de constitucionalidad, conlleva una labor objetiva del proyecto de ley en consulta, efectuando los juicios de constitucionalidad requeridos para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de los preceptos sometidos a consulta, con el sistema de valores, principios y normas de la Constitución, limitando su actuación a dicha tarea, pues el ir más allá proponiendo formas de redacción o contenidos, constituiría desnaturalizar el control previo y asumir facultades y atribuciones propias del legislador” (las negrillas nos corresponden).