AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2018-O

Luis Veizaga Gutiérrez y Víctor Conde Mamani, en representación de la Federación Sindical de Colonizadores Carrasco Tropical, mediante memorial presentado el             11 de mayo de 2018, que cursa de fs. 448 a 452 de obrados, formulan queja contra la Resolución de 4 de mayo de 2018, pronunciada por la Jueza de garantías, expresando lo siguiente: i) La SCP 0768/2017-S1 y el ACP 0027/2017-ECA, anularon el proceso de saneamiento que concluyó con la Resolución Suprema 10188, favoreciendo también a su organización, no obstante el INRA emitió la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio e Inicio de Procedimiento RDASO IP 001/2018, omitiendo lo dispuesto en las referidas Resoluciones constitucionales y la presencia de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), en el área de saneamiento; ii) La jurisprudencia constitucional estableció que los terceros interesados, están facultados a interponer queja por incumplimiento o sobrecumplimiento de las sentencias constitucionales (ACP 0003/2018-O de 9 de marzo); razón por la cual, su denuncia no puede ser rechazada. El objeto de toda sentencia constitucional es la de modificar la realidad de forma eficaz, vale decir cambiar aquello que está mal, por ello fue concedida la tutela constitucional, eficacia que en el presente caso se consigue mediante la realización de actos que eviten cometer las mismas vulneraciones anuladas; iii) La SCP 0768/2017-S1 consideró la autoidentificación y autoreconocimiento de UNIHORT en su condición de Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC), otorgándoles tutela en la acción popular al no reconocerlos como tales, por parte de las autoridades del INRA y del Tribunal Agroambiental, consiguientemente fueron reconocidos constitucionalmente como PIOC; iv) La jurisprudencia agroambiental estableció que cuando se trata de comunidades de este tipo, el proceso de saneamiento debe ser realizado bajo especiales condiciones y en observancia del mandato constitucional contenido en los                arts. 304.III y 397.II del CPE “SAN S2^a 62/2017”, razón por la cual el saneamiento simple de oficio como mal ha determinado la Resolución RDASO IP 001/2018, no es adecuada y constituye un vicio no susceptible de ser convalidado, cuando se tratan de predios de NPIOC como lo son UNIHORT, Carrasco e Ivirgarzama, a los que se refiere la indicada Resolución del INRA; v) Los preceptos constitucionales anotados disponen que cuando se trata de NPIOC, la función social comprende a las normas propias de las comunidades, las que tienen un especial significado y deben averiguarse por vías propias y no mediante un proceso de saneamiento simple como se pretende con la indicada Resolución RDASO IP 001/2018, pues de hacerlo incumple la SCP 0768/2017-S1 y el ACP 0027/2017-ECA y desconoce los derechos colectivos de UNIHORT, Carrasco e Irvirgazama; vi) Las Resoluciones constitucionales cuyo cumplimiento se extraña, dispusieron que cualquier trabajo y resolución en vía judicial o administrativa a llevarse a cabo en el predio UNIHORT, Carrasco e Ivirgazama, debe tomar en cuenta y ser respetuoso de la condición de PIOC, lo que significa que de llevarse a cabo un nuevo proceso de saneamiento, éste debe ser el adecuado para este tipo de pueblos, como el previsto para el saneamiento de tierras comunitarias u otros procedimientos apropiados a su condición; y, vii) En conclusión, el INRA con la Resolución RDASO IP 001/2018, incumplió las Resoluciones constitucionales, pues conforme a las mismas no corresponde iniciar un procedimiento de saneamiento simple de oficio en los predios de los indígenas originarios campesinos, pues poseen derechos adicionales conforme lo previsto en el art. 30 de la CPE, como los de existir libremente, a su identidad cultural, creencias religiosas, prácticas y costumbres, a su cosmovisión, entre otros, sistemas de derechos que estarían siendo vulnerados, si desde el inicio del procedimiento de saneamiento no se reconocen las especiales características de estos pueblos, razón por la cual interponen el presente recurso de queja contra el Resolución de 4 de mayo de 2018, pidiendo la anulación de la determinación emitida por el INRA, que somete a sus pueblos a un proceso de saneamiento que desconoce sus derechos e identidad.