SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2018-S3

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de sus representantes Jeral Redy Quisbert López y Juan Carlos Sirpa Condori, mediante informe escrito de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 288 a 290, señaló que: i) No existió lesión de derechos en el proceso disciplinario instaurado en contra de la ahora accionante, ya que se precauteló y garantizó el respeto al debido proceso y la valoración de la prueba obedeció a los parámetros constitucionales, determinándose su destitución en base a suficiente prueba de cargo y descargo compulsada bajo la sana crítica, objetividad y razonabilidad por la Autoridad Sumariante, llevándose el proceso administrativo interno conforme lo establecido en el DS 23318-A modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; y, ii) La jurisdicción constitucional no es una instancia adicional de la ordinaria como para pretender que esta reconduzca errores procedimentales, excepto en algunos casos cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad, proporcionalidad, objetividad y equidad previsible respecto a la valoración probatoria; es decir, cuando se lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Asimismo, en audiencia juntamente con Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Autoridad Sumariante del mismo Municipio, a través de su representante Jeral Redy Quisbert López, mencionaron que si bien las personas con discapacidad cuentan con inamovilidad laboral; empero, los servidores públicos siempre se encuentran sometidos a responsabilidad funcionaria por lo que la accionante no puede estar exenta de la misma, habiéndose demostrado su negligencia tras la constatación de un cúmulo de llamadas de atención.

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.