SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2018-S2

La accionante a través de sus abogados, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó: 1) La audiencia fue suspendida sin que la testigo -menor de edad- haya ingresado a su oficina a prestar su declaración, en razón a la objeción de su mamá, de los abogados de la víctima y de la discusión producida entre las partes, a causa de haberse dispuesto que el procesado           -también menor de edad- permanezca detrás del armario de la oficina; y, 2) La Resolución impugnada es incongruente, ya que no resolvió conforme a los agravios denunciados, a lo probado, a la verdad material y por no referirse a        los derechos fundamentales de los menores de edad.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizaran los siguientes temas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) Respecto al derecho a la defensa; 4) Sobre la preservación del derecho al trabajo de los servidores públicos; y, 5) Análisis del caso concreto.

           A partir de lo señalado, se concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.