ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0470/2018-S2

Carla Andrea y Luis Enrique, ambos Santander Herbas, por medio de su abogado, en audiencia se adhirieron a los fundamentos expuestos en la presente acción de defensa, informando lo que sigue: i) Habitan en el “Edificio Luizaga” de propiedad de la madre del demandado, en el piso 6, habitación 3; y, los actos denunciados por la impetrante de tutela, cometidos el 14 de septiembre de 2017, también les afectaron; y no conforme con ello, cuando la demandante de tutela reconectó el servicio del agua, por sugerencia de una autoridad pública, el demandado procedió nuevamente a cortar el servicio -17 del referido mes y año-; y, ii) Por los hechos descritos previamente, se adhieren a la solicitud de la accionante y piden se conceda la tutela invocada, ya que los actos cometidos por el demandado son arbitrarios y pretende darse las tareas propias de SEMAPA o de cualquier otra empresa que provea el servicio de agua. 

…i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad^[3], la perturbación o pérdida de la posesión^[4] o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.)^[5]; y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas^[6]; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas).

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: i) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, ii) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.