SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2018-S4

En este contexto, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 180 en relación al art. 13 constitucional, se puede establecer que el debido proceso, constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos, entre ellos: i) A la defensa,   ii) Al juez natural, iii) A la presunción de inocencia, iv) A ser asistido por un traductor o intérprete, v) A un proceso público, vi) A la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, vii) a recurrir, viii) a la legalidad de la prueba, ix) A la igualdad procesal de las partes, x) A no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, xi) a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; xii) La garantía del non bis in idem; xiii) A la valoración razonable de la prueba, xiv) a la comunicación previa de la acusación; xv) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; xvi) A la comunicación privada con su defensor; xvii) A qué se le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular, catálogo de derechos que no constituye un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permite establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.

Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia constitucional, le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación, así, lo concibe como derecho fundamental de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.