ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0550/2018-S2

1) La parte accionante adjuntó la documentación que prueba su derecho propietario sobre los predios afectados por los demandados, motivo por el que se cumplió con los requisitos de acreditar la titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejercieron vías de hecho; 2) Respecto a la acreditación sobre la existencia de medidas de hecho; se tiene que, los impetrantes de tutela presentaron como pruebas; en primer lugar, la inspección ocular efectuada por un miembro de la Policía Boliviana, por la que se evidenció que treinta postes fueron sacados de su sitio; y en segundo lugar, el informe emitido por el Presidente de la comunidad campesina San José Obrero de Totorcagua, que certificó que los demandados y otras personas, cometieron tales actos; por su parte, el encargado de Urbanismo de la Sub Alcaldía de El Paso, indicó que en un informe de 9 de abril de 2018, se advierte la existencia de un muro clandestino que fue construido por los demandados, en los predios avasallados; y, 3) Los demandantes de tutela probaron su derecho propietario, así como las medidas de hecho cometidas por los demandados, quienes afectaron su mencionado derecho; razón por la cual, corresponde se conceda la tutela impetrada, sin determinar el pago de daños y perjuicios, debido a que existen autoridades competentes para determinar tales extremos. 

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.