SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0893/2018-S3

El asesor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, en audiencia manifestó que no se puede señalar que la Resolución de suspensión es ilegal, porque en ese entonces el accionante se encontraba detenido a raíz de un proceso basado en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. El art. 21 del Reglamento del ente deliberante, hace posible que dicha entidad o la comisión de ética puedan disponer la suspensión; con posterioridad a la Resolución 141/2016-2017 el accionante no activó ningún recurso adicional incumpliendo el principio de subsidiariedad, pues únicamente solicitó complementación y enmienda en tres oportunidades cuando lo que debió hacer es pedir reincorporación. Bajo esos argumentos solicitó que se deniegue la tutela.

Gabriel Aruquipa, Asesor de la “comisión” de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz expresó que las Resoluciones 127/2015 y 141/2016-2017 están enmarcadas en el art. 277 de la CPE y el precedente direccionado por la SC 136/2003-R que hace aplicable el principio de favorabilidad. Finalmente manifestó que se adhiere a lo expresado por su colega.