SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0707/2019-S3

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son añadidas).

En conclusión, podemos afirmar que cuando las autoridades jurisdiccionales vulneran derechos fundamentales a través de una decisión que contiene una argumentación arbitraria, insuficiente y absurda por interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o valoración irrazonable de la prueba, la jurisdicción constitucional abre su competencia con miras a revisar ese actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los tribunales o jueces ordinarios.