SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0737/2019-S3

3)   Respecto al art. 235.2 del CPP, “…ya hemos explicado por que creemos que si hay validez en las fotocopias, segundo no se habría cumplido con la declaración del esposo y de la hija, pero esta la declaración del esposo e hija en antecedentes y son de esta gestión, además del informe es claro, entonces no resulta evidente este razonamiento de la autoridad jurisdiccional, tene[m]os a fs. 881 la declaración de Nelson Paco Mendoza es el papa y ha sido desarrollado el 5 de enero y la declaración de Angélica Paco Mendoza de 5 de enero de esta año” (sic), por otra parte se manifestó que “…respecto al anticipo de prueba, podemos realizarlos a estas alturas cuando ya hay acusación el anticipo de prueba se realiza para ha[c]er valer en el juicio antes de la imputación y la parte víctima ha manifestado que ya hay acusación, además resulta que de acuerdo a los antecedentes resulta que este menor habría vis[t]o a su hermano después del hecho ocurrido pero ningun elemento del imputación formal, involucra a la señora Karina Margot Mendoza…” (sic).

Ahora bien, de la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este Fallo Constitucional, se tiene que el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar los argumentos de la decisión asumida, citando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse las razones de forma concisa y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita comprender las razones de la determinación que se toma.

De lo expuesto, en el caso concreto se advierte que el Auto de Vista 61/2019 determinó confirmar la detención preventiva de la ahora tercera interesada disponiendo la vigencia del art. 234.10 del CPP y determinando que ya no se tenían por concurridos los peligros procesales del art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal, decisión asumida en base a la exposición de fundamentos suficientemente sustentados, conteniendo la Resolución cuestionada una estructura de forma y fondo que permite la comprensión de todos los extremos considerados y resueltos por las autoridades demandadas.

Ahora bien, en relación al art. 235.1 del citado Código, las autoridades demandadas consideraron en su fundamentación los elementos que en su oportunidad llevaron a la imposición de dicho peligro procesal referido a la existencia de un celular desaparecido, sin embargo en base a la compulsa de los elementos probatorios puestos a su conocimiento -aclarando que es posible valorar las fotocopias presentadas- establecieron que en su condición de “complice” de la presunta comisión del delito de feminicidio existe un informe del investigador que define a criterio del Tribunal de alzada que la acusada no obstaculizó el proceso investigativo, aspecto concordante con otros elementos indiciarios como los informes del IDIF, que llevaron a la conclusión razonable que correspondía tener por enervado dicho peligro procesal en atención a las circunstancias antes descritas.

En ese mismo entendido, en relación al art. 235.2 del CPP se expuso que las declaraciones pendientes del esposo y de la hija de la tercera interesada ya se llevaron a cabo el 5 de enero de 2019, mencionando asimismo respecto al anticipo de prueba que el proceso ya cuenta con acusación y de acuerdo a los antecedentes el menor cuya declaración se pretendía anticipar vio a su hermano después del hecho ocurrido, sin que ningún elemento de la imputación formal involucre a la acusada en relación a este.

En tal sentido, no resulta ser cierta la denuncia de la accionante respecto a que el Auto de Vista cuestionado carecería de la debida fundamentación y motivación, por el contrario el cuestiomaniento de haberse dejado sin efecto la concurrencia del art. 235.1 y 2 del Código Adjetivo Penal a su criterio sin la debida fundamentación, no es evidente dado que del análisis del contenido de la motivación de las autoridades demandadas se tiene la exposición de argumentos razonables y que sustentan la decisión asumida, aspectos que conllevan a la denegatoria de la tutela impetrada sobre este primer punto.