SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0945/2019-S2

Consiguientemente, no le está permitido a ningún propietario de inmueble que, en su condición de locador o arrendador, disponga de todo o de una parte de dicho inmueble, en forma arbitraria y unilateral, ya que en caso de concurrir una causal de desalojo, deberá incoar la acción que prevén los arts. 623 y ss. del Código de Procedimiento Civil, para obtener una decisión de autoridad jurisdiccional competente que ordene la desocupación de la vivienda, máxime si el derecho a la vivienda tiene como justificación última, la dignidad de la persona humana, que está protegida por la Constitución Política del Estado…´ (SCP 0348/2012 de 22 de junio).

Resaltando la importancia de este derecho fundamental inserto en la Norma Suprema, conviene referir que el mismo encuentra también amparo en diversos instrumentos internacionales, es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 11.1, indica: ‘Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento’; así también el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), respecto a los derechos denunciados de lesionados estipula: ‘Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad’; finalmente, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), regula el derecho de toda persona: ‘…a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios’. En todas estas normas se observa la directa relación que tienen los derechos a la vida, a la salud, al bienestar, a la vivienda y a los servicios básicos.

En ese marco se tiene también lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en su Observación General 4, exterioriza que: ‘El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto (…). En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada (…) significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable’.