SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2019-S1
Fecha: 09-Oct-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, posterior a la comunicación de inicio de investigación por parte del Ministerio Público; la autoridad judicial ahora demandada mediante decreto de 24 de abril de 2019 –de conformidad al principio de celeridad– dispuso con carácter de conminatoria la notificación al Fiscal Departamental de Oruro, para que por intermedio del Fiscal de Materia emane algún requerimiento vinculado a lo previsto por el art. 301 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Posteriormente, a través de providencia de 25 del citado mes y año, la Jueza demandada aceptó la complementación de diligencias policiales incoada por el Fiscal de Materia, fijando un plazo de treinta días más de investigación, Resolución que fue puesta a su conocimiento en su domicilio procesal el 30 de dicho mes y año a horas 12:00; por cuanto, el mismo día interpuso recurso de reposición contra esa determinación, siendo resuelto a través de Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2019, declarando que es inadmisible y señalando de forma textual que: “…de la revisión de antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se advierte que a hrs: 12:00 de fecha 30 de abril de 2019 se notificó al señor Gabino Ajhuacho Echeverria, con conminatoria (…) de 24 de abril de 2019 y decreto de fecha 25 de abril de 2019” (sic), de esta última determinación citada solicitó su revocatoria mediante recurso de reposición, el cual fue recepcionado en Plataforma de Atención al Público del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el 30 de abril de 2019 a horas 15:38:12.
La autoridad jurisdiccional rehusó considerar su recurso planteado bajo el fundamento de una supuesta preclusión en su presentación, ya que a su criterio la fecha que consignaba el decreto recurrido fue el punto de partida para el cómputo de las veinticuatro horas, olvidando por completo que su persona tuvo conocimiento material de dicha providencia en su domicilio procesal el 30 de abril de 2019 a horas 12:00.
La autoridad jurisdiccional realizó una interpretación que no tiene nexo lógico entre la decisión y argumentación, debido a que materialmente la notificación con la providencia recurrida se efectuó el 30 de ese mes y año, presentando su recurso de reposición el mismo día; empero, extrañamente determinó que fue presentado fuera de plazo.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- el debido proceso en su triple dimensión, principio-derecho-garantía, es inherente a la sustanciación de cualquier proceso de carácter judicial o administrativo, debiendo concurrir y ser parte esencial de la tramitación
- ,
- Derecho a recurrir
- consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante
- entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica.
- A su vez, del texto de los referidos preceptos constitucionales, en conexión con el art. 6.I constitucional, se extrae la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados
- III.3. Análisis del caso concreto
- providencia de 25 de abril de 2019
- providencia de 25 del citado mes y año
- a hrs. 12:00 de fecha 30 de abril de 2019
- CONFIRMAR en parte