SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0834/2019-S3

          De lo obrado se tiene memorial de 21 de noviembre de 2017, por el cual el peticionante de tutela interpuso dicha excepción, con cargo de recepción de 22 de igual mes y año; sin embargo, por nota marginal cursante a fs. 25 vta., ingresó a despacho el 8 de enero de 2018, “…por vacación judicial…” (sic [Conclusión II.1]); mediante decreto de 9 de igual mes y año, la Jueza demandada, dispuso traslado con la señalada excepción a todas las partes procesales intervinientes en el proceso penal, para que en el plazo de tres días siguientes de su legal notificación, contesten a la misma y en su caso acompañen y ofrezcan prueba, “Vencido el plazo otorgado, con o sin contestación, la Sra. Secretaria deberá devolver los actuados a despacho a fin de resolver conforme a procedimiento” (sic [Conclusión II.2]); por escritos: i) De 19 de enero de 2018; ii) Reiterado “…POR SEGUNDA VEZ…” (sic) el 30 de igual mes y año; y, iii) “…REITERA POR TERCERA VEZ…” (sic), el accionante solicitó a la demandada se pronuncie sobre la excepción de falta de acción de previo y especial pronunciamiento planteada de su parte y a través de proveídos de 1 y 7 de febrero de dicho año, la indicada determinó se esté a la providencia de 9 de enero del mismo año (Conclusión II.3); habiéndose presentado contestación de contrario (Conclusión II.4); el impetrante de tutela presentó memorial el 2 de mayo de 2018, solicitando “…EMITA RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE FALTA DE ACCION DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE FECHA 21/11/2017” (sic), mereciendo el decreto de 3 de igual mes y año, por el cual la demandada determinó “…estese a decreto de fecha 09 de Enero del año en curso” (sic [Conclusión II.5]); reiterando su petición el 4 de mayo de 2019 (Conclusión II.6); y, por Auto Interlocutorio 83/2018, la demandada declaró improcedente la excepción de falta de acción de previo y especial pronunciamiento, y determinó la prosecución del proceso penal (Conclusión II.7).

           Conforme a la Constitución Política del Estado -reconocido en su           art. 115.I- y a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la tutela judicial efectiva, significa que toda persona será protegida oportunamente y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos dentro de un proceso judicial; así, toda persona que forme parte del mismo pueda promover cualquier recurso ordinario o extraordinario que tenga como resultado una resolución sobre sus pretensiones, razonando sobre el fondo de lo peticionado; es decir, el derecho que tiene el justiciable de acudir ante una autoridad judicial competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas; asimismo, el debido proceso, se constituye en el derecho que tiene todo encausado a ser oído y ser juzgado con las debidas garantías, por una autoridad judicial “…competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley”           (SC 1768/2011-R). De esta forma, de los derechos referidos en su dimensión de garantías constitucionales “…se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados” (SC 1768/2011-R).