SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1060/2019-S1

Dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra (como sociedad deudora principal por el Banco BISA S.A. Regional Santa Cruz), radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto del mencionado departamento, emergente de un recurso de apelación interpuesto por su parte, el expediente fue remitido en grado de apelación ante la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, que dictó el Auto de Vista 313/18 de 27 de septiembre de 2018, con base en una mala e indebida valoración de las pruebas, alegatos y argumentos de su defensa, violentando el debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba respecto al “derecho a la verdad material”, así como el “derecho a la razonabilidad de las resoluciones judiciales” (sic).

Los actos y resoluciones judiciales que se denuncian, fueron dictadas dentro un proceso ejecutivo, en apelación de sentencia, en ese entendido, conforme los arts. 270, 385 y 386 del Código Procesal Civil (CPC), posterior a la resolución de apelación, no procede el recurso de casación, por lo que, no existe otra instancia o medio de impugnación pendiente.

Señaló que fueron citados con la demanda -ejecutiva-, la Sentencia Inicial de 4 de agosto de 2017 y el Auto complementario -no refiere fecha-, a tal efecto, plantearon la excepción de inhabilidad de título, amparando su defensa en que el Código de Comercio, no determina ni otorga la calidad de títulos valores o títulos ejecutivos a las facturas, por lo que los documentos base de la demanda, no tienen fuerza ejecutiva.