SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1035/2019-S4

En ese orden es necesario remitirnos nuevamente al informe de la Jueza Gladyz Bacarreza Morales –ahora demandada–, –y que no fue controvertido por el accionante–, que señaló que mediante Resolución 01/2017, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, en ese ínterin, el mismo se acogió al DS 3030 de Amnistía e Indulto, a través del cual se emitió la Resolución de Amnistía “012-2017” dictada por la antes mencionada Dirección de Régimen Penitenciario y homologada por Resolución 02/2017; sin embargo, al haberse revocado esta última Resolución, se debe entender que el curso del proceso necesariamente tuvo que retrotraer su estado a la etapa en la que se encontraba antes de la solicitud de amnistía; es decir, a la medida cautelar de detención preventiva dispuesta contra el ahora accionante, la cual devino de una audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que después de haberse analizado y ponderado la existencia de elementos de convicción para considerar que el imputado –hoy accionante– es con probabilidad autor o participe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción para considerar que el imputado no se someterá al proceso o que obstaculizará la averiguación de la verdad, según lo establecido por el art. 233 del CPP, es que se emitió la Resolución 01/2017, que dispuso su detención preventiva; en tal sentido, la observación del accionante respecto a que el mandamiento de detención preventiva de 16 de mayo de 2018, expedido por la Jueza ahora demandada, fue emitido indebidamente al no realizarse una audiencia de consideración de medidas cautelares no tiene el asidero legal, puesto que resulta inconducente volver a llevar a cabo una audiencia y realizar nuevamente el examen y análisis de todos los elementos que fueron tomados en cuenta para determinar la detención preventiva del impetrante de tutela.