SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2019-S1

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: «Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’»”’ (las negrillas y el subrayado son nuestros).

De lo que se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no sólo es exigible al momento de ser dictada por un Juez de Instrucción Penal, sino también por el Tribunal de apelación, encontrándose en el deber y obligación de dictar un fallo debidamente fundamentado sobre la necesidad de aplicar una medida cautelar de carácter personal, que determine la sustitución o modificación de esa medida o cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial.