SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2019-S1

           Según lo expresado por los impetrantes de tutela, no obstante que el GAM de La Paz se comprometió a tomar las previsiones correspondientes al momento de elaborar el DBC, para que los miembros del sindicato SABENPE, pasen a trabajar de manera ininterrumpida a la nueva empresa que se adjudique el “…SERVICIO DE ASEO URBANO AREAS OESTE, NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic); sin embargo, una vez adjudicada la referida concesión de servicios a la empresa “LPL S.A.”, sin tomar en cuenta lo precedentemente señalado, la misma emitió memorandos de contratación condicionando a los trabajadores a un periodo de prueba sustentado en el art. 13 de la LGT, como si se tratase de funcionarios nuevos, hecho que llevó a que realicen un paro que concluyó con el Acta de entendimiento de 21 de noviembre de 2016, entre el GAM de La Paz y los dirigentes del Sindicato SABENPE a través del cual dicha entidad municipal asumió el compromiso para que los funcionarios operativos del nombrado Sindicato ingresen a trabajar a la empresa adjudicataria de forma indefinida. Sin embargo, aprovechando que el 17 de diciembre de 2016, cambiaron la razón social del sindicato SABENPE por Sindicato Único Mixto de Trabajadores de Aseo Urbano La Paz, la empresa ahora demandada, volvió a utilizar la excusa de término de prueba, emitiendo memorandos de desvinculación, hecho que dio lugar a que acudan a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

           Conforme se tiene desglosado en las Conclusiones de este fallo constitucional, la supra citada Jefatura, emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./ART.48-49-51C.P.E./D.S.495/D.S.496/EVG/001/2017 de 2 de marzo, que fue impugnada por la empresa demandada a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales fueron rechazados por la instancia administrativa; empero, no se dio cumplimiento a lo determinado en dicha conminatoria, razón por la cual interpusieron acción de amparo constitucional que fue concedida en parte mediante Resolución 329/2017 de 9 de mayo, dictada por el Juez Público de Familia Quinto de la capital del departamento de La Paz, disponiendo las respectivas reincorporaciones. En revisión, dicha concesión fue revocada por la SCP 1105/2017-S2, sosteniendo que la referida conminatoria no estaba fundamentada, motivo por el cual, la prenombrada Jefatura expidió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./ART.48-49-51C.P.E./D.S.495/D.S.496/RAAM/002/2018 -segunda conminatoria-, notificada a los ahora demandados, pero tampoco fue cumplida. Ante esa situación, la empresa demandada interpuso acción de amparo constitucional contra la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, misma que fue denegada por Resolución 003/2018 de 9 de febrero, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de la capital del departamento de La Paz y en revisión la SCP 0336/2018-S1 de 20 de julio -notificada el 15 de marzo de 2019-, confirmó la denegatoria de la tutela solicitada.                

           De todo lo referido, que comprende lo manifestado por los accionantes y los antecedentes cuya verificación se realizó, se tiene que el objeto de la presente acción de defensa radica en la tutela constitucional de los derechos denunciados como vulnerados a consecuencia del incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./ART.48-49-51C.P.E./D.S. 495/D.S.496/RAAM/002/2018, cuya ejecución y/o cumplimiento se pretende. Empero, cabe resaltar que la referida Resolución, a decir de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, fue emitida en consideración a lo determinado en la SCP 1105/2017-S2, y es a partir de dicha precisión que se efectuará el análisis en el presente caso a objeto de determinar la concesión o denegatoria de la tutela impetrada.

           En ese entendido y considerando que el presente mecanismo constitucional tiene como finalidad el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales que fueron conculcados por actos u omisiones de servidores públicos o personas particulares; en casos como el presente, la tutela constitucional responde a la naturaleza de los derechos y la necesidad de tutela inmediata, como es el derecho a la estabilidad laboral y por ende al trabajo, prescindiendo incluso del principio de subsidiariedad característico de la acción de amparo constitucional.

           En ese orden y precisado como se tiene el objeto de esta acción tutelar, no corresponde ingresar al análisis en cuestión y determinar el cumplimiento o no de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./ART.48-49-51C.P.E./D.S.495/D.S.496/RAAM/002/2018, debido a que la misma refiere que se expidió en consideración de la SCP 1105/2017-S2; es decir, acatando lo dispuesto por el referido fallo constitucional. Siendo así, no resulta viable que la problemática planteada sea resuelta mediante una nueva acción tutelar; toda vez que, al estar la referida Sentencia Constitucional Plurinacional revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional, ante el incumplimiento o sobrecumplimiento de lo resuelto por este Tribunal corresponde al Juez o Tribunal de garantías que conoció la acción de defensa en fase de ejecución si hubo o no incumplimiento o sobrecumplimiento y en su caso proseguir o concluir con el trámite correspondiente.

En ese entendido, el legislador ha previsto en el art. 16.I del CPCo, que: “La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción” y es a partir de dicha disposición legal que con la finalidad de consolidar una real materialización y efectivo cumplimiento de las Sentencias Constitucionales con calidad de cosa juzgada, el AC 0015/2013-O, sostuvo que: “…el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso”.

Consiguientemente, no correspondía activar una nueva acción de defensa sino acudir ante el Juez Público de Familia Quinto de la capital del departamento de La Paz, que fungió como Juez de garantías a efectos que en fase de ejecución de la SCP 1105/2017-S2, resuelva conforme corresponda; siendo el mecanismo idóneo la queja por incumplimiento o sobrecumplimiento conforme el procedimiento establecido por el AC 0015/2013-O.

En consecuencia, amerita denegar la tutela solicitada sin haber  efectuado análisis alguno respecto al incumplimiento o no de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./ART.48-49-51C.P.E./D.S. 495/D.S.496/RAAM/002/2018, debiendo la parte accionante seguir el procedimiento respectivo para la tutela de los derechos que considera vulnerados.