SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2019-S2

           En la demanda de amparo constitucional, la impetrante de tutela refiere que las autoridades municipales lesionaron vulneraron “su derecho” a la seguridad jurídica. Al respecto, es pertinente la vinculación y aplicación de la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0053/2012 de 9 de abril, que señala: “En el nuevo orden constitucional, la seguridad jurídica no está instituida como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, tal es así, que el art. 178 de la CPE promulgada el 7 de febrero de 2009, lo establece como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, principio general del ordenamiento jurídico y mandato dirigido a los poderes públicos, que no configura derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda ser tutelado por la acción de amparo constitucional, que por su naturaleza tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales y no principios reconocidos en la Norma Fundamental”; salvo que la vulneración demandada se encuentre expresamente vinculada al debido proceso, situación que no sucedió en el presente caso.

           Por consiguiente, la seguridad jurídica que se reclama como derecho vulnerado y que se halla consignado como un principio constitucional en el art. 178 de la CPE, en el fondo no se halla tutelado por la acción de amparo constitucional, que de acuerdo al art. 128 de la Norma Suprema, sólo procede para tutelar derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, lo que en este caso no ocurre.