SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2019-S1

Celia Rebeca Camargo Apaza, Alcaldesa del GAM de Sorata del departamento de La Paz, -codemandada-, mediante informe escrito presentado el 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 98 a 102, señaló lo siguiente: a) Como autoridad en ningún momento restringió el acceso al agua potable ni realizó acto alguno sobre dicho extremo. Si bien es cierto que los ahora peticionantes de tutela presentaron notas, las mismas fueron respondidas pero nunca pasaron a recogerlas, razón por la que no podrían considerarse como prueba idónea para la presente acción tutelar dado que no agotaron la vía administrativa; b) En ningún momento “…el ente municipal dispuso corte o alguno más aún se desconocía de los hechos ocurridos en la jurisdicción indígena originaria…” (sic); c) El reclamo o trámite administrativo debió haberse iniciado en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), que conforme actas y resoluciones asumió conocimiento de la problemática; y, d) Los impetrantes de tutela, debieron recurrir en primera instancia ante la JIOC y no acudir directamente a la autoridad jurisdiccional sin agotar las vías correspondientes.

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos “AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A LA SALUD, A LA IGUALDAD DE CONDICIONES, A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD JURIDICA”, por cuanto: a) El Secretario General de la comunidad Caminaca procedió a restringirles el suministro de agua potable, del cual se vieron privados por varios meses, vulnerando sus derechos fundamentales, y; b) La Alcaldesa del GAM de Sorata, pese a las reiteradas solicitudes de restitución de agua potable presentados, no emitió respuesta alguna, omitiendo e incumpliendo sus deberes, pese a tener competencia conforme el art. “83 inc.3” de la LMAD.