SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2019-S3

Respecto a la prohibición de continuar con la construcción del inmueble y el levantamiento de calaminas, resulta pertinente manifestar que dentro el contenido esencial del derecho a la propiedad, inequívocamente se encuentran los elementos de uso, disfrute y disposición. En ese contexto, la existencia de vías de hecho, definitivamente suprime el real y efectivo goce de estos componentes afectando por tanto el contenido esencial del derecho a la propiedad, como aconteció en el presente caso, cuando el ahora demandado asumiendo medidas de hecho notificó a la accionante Maddy Roxana Ballesteros Flores con la decisión de suspender trabajos de construcción en los dos inmuebles de propiedad de esa última y el levantamiento de calaminas, por considerar que dan mal aspecto a la comunidad (Conclusión II.3).

Estos hechos denunciados por los accionante, no fueron controvertidos por el demandado, quien no asistió a la audiencia pública para la consideración y resolución de la presente acción tutelar, no obstante de haber sido legalmente notificado, entendiéndose que sin respaldo en derecho, incurrió en actos ilegales arbitrarios que desconocieron y prescindieron de las instancias legítimas y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder frente a los agraviados, actos que resultan ilegítimos por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, lo que configura vulneración flagrante del derecho a la propiedad, obligando a este Tribunal Constitucional Plurinacional, a brindar la protección para su restablecimiento, y concederse la tutela solicitada, al ser esta acción la vía idónea, eficaz e inmediata para la protección del derecho invocado.

Esta protección guarda coherencia y armonía con la obligación de respetar el estado de derecho, por el cual todos los ciudadanos inclusive los gobernantes se encuentran sometidos a las leyes en igualdad de condiciones, así como a garantizar los derechos, principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, por tal motivo, lo que se pretende con esta protección es proscribir toda forma de medida de hecho que afecte el ejercicio efectivo de la propiedad  sea esta privada, estatal, urbana, rural, individual o colectiva, por los derechos fundamentales involucrados con el acto ilegal.