SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2019

En el contexto referido y a objeto de dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado, conviene previamente definir que la demanda ejecutiva pretendida por la parte demandante y que genera el conflicto de competencias, se traduce en una acción personal, dado que conforme desarrolla la doctrina, es “la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquier obligación contraída o exigible, ya dimane ésta de contrato o cuasicontrato…Es personal por cuanto se da contra la persona obligada o su heredero” [1]

En ese sentido, la normativa agraria menciona diferentes tipos de acciones que derivan de la propiedad agraria; para ello, de lo anotado se entiende que las acciones personales de acuerdo a los principios generales pertinentes, son las que permiten demandar a una persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, o en su defecto cuestionar si la prestación efectuada ha sido cumplida en la medida que ha sido señalada por los contratantes.

Definida como se encuentra la demanda ejecutiva que origina del presente conflicto converge en una acción personal, así también corresponde referirse al contenido del contrato que es objeto de la referida demanda, del cual se evidencia que el predio de donde emergió la obligación pretendida en la demanda ejecutiva, es un fundo agrario en la que confluye en una actividad agraria de siembra, producción y comercialización de semillas de soya, maíz, elementos fundamentales para determinar la competencia. A lo manifestado se suma el hecho que la pretensión y origen del litigio de acción personal tiene como fundamento un contrato de Asociación Accidental o de Cuentas en Participación para desarrollar una actividad eminentemente agrícola y cuyo cumplimiento de la obligación de pago también tiene esta característica pues se debe efectivizar en moneda estadounidense y/o en grano o semilla cosechada.