VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0265/2019-S2

Ahora bien, tomando en cuenta que se encuentra consagrado el derecho de las víctimas a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna, emergente de la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevista en el art. 113.I de la CPE, haciendo emerger para los autores de dichas lesiones responsabilidades; sobre cuya base, la jurisprudencia expresada en la       SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que su alcance comprende a una reparación patrimonial y extrapatrimonial, la misma alcanza a los gastos que el solicitante de tutela tuvo que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado; en esa comprensión constituye una obligación de las juezas, jueces y tribunales de garantías, así como del Tribunal Constitucional Plurinacional, determinar en lo posible las medidas de reparación de los derechos vulnerados, de rehabilitación, garantías de no repetición, satisfacción pública e indemnización, cuando correspondan^[11]. En ese marco normativo y jurisprudencial, se concluye que ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales estimada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondía además determinar en favor del accionante o víctima de las lesiones de sus derechos fundamentales, la determinación de los daños y perjuicios expresados en las costas procesales, cuantificables en ejecución de fallos ante la Jueza de garantías.