SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0376/2019-S1
Fecha: 12-Jun-2019
II.1.
II.1. Consta formalización de querella presentada por Jorge Daniel Mendoza Alarcón -ahora impetrantes de tutela- contra Elvira Mendoza Durán -hoy demandada- por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y avasallamiento con sello de recepción de la Fiscalía de El Torno de 18 de junio de 2018, en el cual en su apartado “II SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS PENALES QUERELLADOS y FUNDAMENTACION JURIDICA” (sic) en su punto 2 sostiene: “…La Querellada, al enterarse de que se está concluyendo el trámite para la licencia, la misma de manera abrupta en fecha 22 de marzo de igual año proceden a avasallar nuestra propiedad, por parte de la QUERELLADA ELVIRA MENDOZA DURAN y otras personas, ponen mallas divisorias que perjudican el ingreso y salida del NEGOCIO COMERCIAL que nos habría transferido en su oportunidad…” (sic [fs. 194 a 198 vta.]).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- I.3.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el principio de inmediatez como presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento en la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
- la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”.
- El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa
- III.2. Análisis del caso concreto
- que perjudican el ingreso y salida del NEGOCIO COMERCIAL
- CONFIRMAR