SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0415/2019-S1

Entendimiento que si bien fue establecida para casos inmersos en procedimiento administrativo; sin embargo, por sus implicancias resulta plenamente aplicable en todo proceso contencioso, es decir, dentro una causa donde se constituyan partes procesales en controversia, donde una es la parte actora que tiene una pretensión y otra que se oponga a ella, debiendo las mismas ser sustanciadas en el marco de una norma adjetiva y resueltas en observancia del debido proceso, en ese entender será la norma procesal la encargada de regular los plazos, etapas e instancias procesales, al que las partes, coadyuvantes y otros sujetos procesales se encuentran sometidas, en razón a que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

En el contexto de la doctrina y el entedimiento asumido en la jurisprudencia constitucional citada, el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un proceso judicial para solicitar a una autoridad jurisdiccional, la ejecución de un acto procesal, que por disposición expresa de la ley está obligada a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos y la pretensión de las partes intervinientes en el caso en relación al citado acto.